Seguramente un familiar, amigo o conocido tiene alguna limitación de movilidad  o se encuentra  restringido en  las actividades cotidianas, en el estudio, el trabajo, así como en otros aspectos de la vida debido a algún tipo de discapacidad.

¿Sabía Ud. que en Chile existen más de dos millones de personas con discapacidad? Esta dura información surge de organismos públicos como el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS), que a través del “Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile” (ENDISC) 2004 señalan que son 2.068.072 las personas afectadas, lo que corresponde a un 12.9%  de la población.

Esta cifra no es aleatoria y ya es tarde para corregirla. Sin embargo, hay acciones específicas que pueden detener el aumento de ésta, lo que implicaría  revisar y mejorar las políticas públicas en salud primaria. Lo anterior referido específicamente en acciones preventivas como un diagnóstico oportuno, o la intervención temprana hacia la población de mayor riesgo y/o en situación de vulnerabilidad social. En síntesis, estamos hablando de una extraordinaria oportunidad de actuar con política preventiva en salud e intervención biosicosocial tempana. 

En lo inmediato, señalaremos las tareas inconclusas que denotan desinterés en pos de ofrecer un mejor bienestar a las YA EXISTENTES personas con discapacidad (PcD) en el país. El año 2005 ingresó al congreso nacional el Proyecto que modifica la Ley N° 19.284 que establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad (1994).  El objetivo central es hacer de ella  una nueva herramienta legal más operativa y funcional, enmendar vacíos legales, y desburocratizar algunos acápites, que sin duda mejorará el futuro próximo de las PcD.

Tenemos la obligación moral de hacer transparente las desfavorables prácticas dilatorias de algunos de nuestros representantes cívicos.

En abril 2005, se inicia el primer trámite constitucional cuya responsabilidad recae en la “Comisión Especial que Establece Beneficios para los Discapacitados”[1], compuesta por 13 diputados; dicha Comisión no ha tratado el asunto desde el 5  de septiembre de 2007. En el supuesto que la comisión especial cumplió su tarea, el proyecto de ley aún se encuentra en el  Senado en calidad de segundo trámite constitucional.  Así se cumplen más de cuatro años en estudio y más de dos millones de PcD esperando mayores oportunidades de integración e  inclusión social.  

Es justo  preguntar si nuestros representantes populares, cuya labor es co-legislar con la Presidenta de la República, son conscientes de la premura en modificar la antigua ley y mejorar la normativa existente desde hace 15 años. En virtud de ello, sugerimos y hacemos un llamado a la responsabilidad de los honorables a tomar  conciencia de esta cruda realidad y a trabajar desde ya  por el colectivo chileno en mayor desventaja social. 

URGE PREVENIR Y LEGISLAR

Gina Basso Basso  

Docente Educación Diferencial

Consultora  Proyectos Sociales

U. de Chile

[1] Web Congreso Nacional Cámara de Diputados.